Cañada de Gómez.— Un
operativo policial realizado por la Dirección Especial de Prevención y
Sanción del Delito de Trata de Personas constató el ejercicio de la
prostitución en un local ubicado a la vera de la ruta 9 y vías del
ferrocarril (ramal hacia Las Parejas), y ahora se investiga si las 13
mujeres y la travesti que estaban en el lugar "ejercían la prostitución
bajo el sometimiento del propietario del negocio".
El procedimiento del que intervinieron el juez en lo
Correccional del Distrito Judicial Nº 6, Alberto Rizzardi, y el fiscal
Angel Granato, además de policías, asistentes sociales y la propia jefa
de la dirección, Mónica Beatriz Bibiani, se realizó el pasado sábado, a
las dos de la madrugada, en el marco de una causa iniciada por
profilaxis antivenérea.
Las autoridades encontraron en el fondo del inmueble
dos habitaciones con camas, profilácticos usados y otros elementos que
prueban que en el lugar se ejercía la prostitución, y además detectaron a
13 mujeres y una travesti, todas mayores de edad, quienes comenzaron a
ser entrevistadas por los investigadores.
"El local permanecerá clausurado hasta que se termine
de tomar la prueba, y será habilitado una vez que se terminen los
informes que permitirán saber si en ese lugar había sometimiento o trata
de personas", dijo ayer a este diario el juez Rizzardi.
Inicio. La investigación se inició
en noviembre del año pasado cuando un particular hizo una denuncia en
los Tribunales de Cañada de Gómez "por ejercicio de la prostitución", al
tiempo que una carta anónima en el Buzón de la Vida, que funciona en
las afueras de los bomberos, daba cuenta del supuesto trabajo como
prostituta de una menor de 14 años.
La denuncia en el buzón (que tiene como misión
combatir el narcotráfico) llegó a instancias de un juzgado Federal de
Rosario. Los funcionarios iniciaron un trabajo de investigación con
personal de Gendarmería en Cañada de Gómez que —con relación al supuesto
trabajo de la menor— arrojó resultado negativo.
Al no haberse detectado ninguna transgresión a las
leyes federales, el caso pasó a los Tribunales de Cañada. El juez
Rizzardi convocó a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del
Delito de Trata de Personas (dependiente del Ministerio de Seguridad de
Santa Fe), cuyos funcionarios se pusieron a trabajar en el caso.
"El procedimiento reunió a unas 15 personas, entre
policías y funcionarios, y ahora estamos esperando el resultado de las
entrevistas tomadas", dijo Rizzardi, tras añadir que la empresa ya
solicitó a través de una nota que el local vuelva a ser habilitado.
Fuente: La Capital
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